Los sistemas previsionales en América Latina y el Caribe están anclados a las pensiones contributivas, es decir, financiadas con aportes de trabajadores y empleados. Sin embargo, en los últimos años, los programas de pensiones “no-contributivas” han venido en claro crecimiento. En Paraguay, desde 1993 al 2017 hubo repunte en el porcentaje de aportantes, pasando del 12% al 23,7% de la fuerza de trabajo, pero lejos del promedio de la región (45,3%) y por detrás de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, naciones que reportan un alcance por encima del 50% de su población, que contribuye a un seguro social.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en las pensiones no contributivas, los beneficios pensionales no responden a ningún tipo de aporte o contribución del individuo. Se pueden otorgar universalmente, o sujetos a condición de tener un determinado nivel de ingreso o de no recibir pensión contributiva. En este caso el Estado, por lo general es el que establece un nivel de pensión y su ajuste a lo largo del tiempo.
Con respecto a los sistemas contributivos, existen dos tipos básicos: los sistemas de reparto con beneficio definido (PAYG-DB por sus siglas en inglés) y los de capitalización con contribución definida (FF-DC).
En los sistemas de reparto, las contribuciones de los trabajadores activos se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados actuales, de acuerdo a una gama de parámetros tales como la edad de jubilación, el número de años de servicio y el salario promedio previo a la jubilación.
En los sistemas de capitalización, las contribuciones se canalizan a cuentas individuales de ahorro y son invertidas en instrumentos financieros por administradores de fondos de pensiones. Al momento de la jubilación, los ahorros acumulados en esas cuentas son transformados en un flujo de ingresos mensuales, por ejemplo, a través de rentas vitalicias ofrecidas por compañías de seguros de vida.
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