El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, manifestó que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar de oficio ante hechos que pueden enmarcarse en conductas penales, a partir de denuncias o publicaciones. Agregó que la puesta a la luz de las declaraciones juradas de bienes pondrá a prueba la fortaleza de las instituciones y además confesó que no fue invitado a la reunión de la Fiscalía con Tributación para analizar los casos de las DD.JJ.
En la fecha dialogó con ABC el ministro de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández. Al ser consultado si participará del encuentro entre la Fiscalía General del Estado y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con respecto al análisis de las declaraciones juradas de bienes de las autoridades nacionales que tomaron conocimiento público desde la semana pasada, respondió que no fue invitado. “Yo tengo conocimiento de esa reunión, pero no estamos nosotros convocados para esa reunión”, especificó.
También fue abordado con respecto a las manifestaciones de la fiscala Liliana Alcaraz, quien señaló que a partir de las publicaciones de las declaraciones juradas “no tienen nada” y no son suficientes para actuar de oficio. En ese punto, Fernández dijo que, hablando en términos generales, para el Ministerio Público rige la obligación de la oficialidad, es decir que en caso de que existan indicios suficientes de la comisión del hecho punible, es una obligación de la Fiscalía empezar investigaciones penales.
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“Esa valoración inicial que corresponde al Ministerio Público que reciba esa información, sea cual fuera la fuente de la noticia criminis, ¿cuál puede ser esa fuente? Puede ser una denuncia, una querella o pueden ser publicaciones periodísticas inclusive, o en este caso una información de carácter público como sabemos se refiere a la publicación de declaraciones juradas en base a una orden judicial, entonces, claro que le corresponde al Ministerio Público empezar investigaciones a partir del análisis que realiza”, explicó.
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