La Unión de Asociaciones de Abogados del Interior del Paraguay, advierte que la mayoría oficialista instalada en el Congreso impone marcos normativos e impide un suficiente debate sobre hechos políticos que conmocionan el Estado Social de Derecho.
A través de un comunicado, el gremio advierte que “en el Congreso Paraguayo, una mayoría oficialista propone e impone marcos normativos que no permiten un suficiente debate: Creación de Superministerio de Economía, Superintendencia de Cajas jubilatorias, hambre cero, etc. Esta práctica es contraria al concepto de la Democracia representativa, participativa y pluralista que define el Art. 1º de la Constitución Nacional; impide un análisis más profundo con la ciudadanía en general y, en particular, con aquellos sectores que se verán más afectados con estas decisiones”.
Si bien clasifican lo antes mencionado como suficientemente grave “lo es más que varias de estas decisiones se toman violando otros preceptos constitucionales. Citamos tres ejemplos: a) la decisión del Senado de expulsar a la legisladora Kattya González contrariando su propia normativa reglamentaria. El caso ya ha sido planteado, por la afectada, a nivel de la máxima instancia jurisdiccional con una “Acción de inconstitucionalidad” que se acompaña incluso con un pedido de “Medida cautelar de urgencia”. A más de un mes de haberse presentado, la Corte Suprema de Justicia ni siquiera decidió...
Agregan que “estos proyectos no tienen garantizados sus recursos para el futuro y, fundamentalmente, que la nueva ley decreta que los fondos serán administrados por el Ministerio de Desarrollo Social y las Gobernaciones, dejándose de lado a las de Central y Presidente Hayes contrariando otra vez el principio de descentralización que consagra la carta magna; y, c) Resolución que devuelve sus fueros a legisladores: La insólita medida afecta el Art. 191 de la Constitución que consagra la potestad que tiene el Congreso de retirar los fueros a sus pares y el procedimiento para decidir el pedido...
Finalmente resalta que la situación no se agota en un hecho aislado, sino que constituye una suma de actuaciones que ponen en riesgo la institucionalidad de la República. “Más que nunca es la hora de que el Poder Judicial reaccione y, ejerciendo su rol del “control recíproco” que le asigna la Constitución, se expida orientando sobre el alcance y los límites que tienen los otros poderes del Estado en el ejercicio de su discrecionalidad, ciñéndose en todo al texto claro de nuestra carta magna. El momento es crítico y exige una actuación firme y decidida. Tanto el Ministerio Público y el Poder...
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