El proyecto está financiado a través de una cooperación de Estados Unidos, pero sólo genera dudas en medio de los escándalos políticos, administrativos y judiciales que nunca llegan a buen puerto: condenar a los corruptos.
Con presencia de los presidentes de los tres Poderes del Estado, el presidente Mario Abdo Benítez (Ejecutivo), el senador Óscar Salomón (Legislativo) y el ministro Alberto Martínez Simón (Judicial), se lanzó el nuevo Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025, que es un proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). A la vista de distintos actores, sería solamente un documento que aglutina los distintos procesos, es decir, un refrito.
El presidente Abdo firmó el decreto por el cual se conforma el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), coordinado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), a cargo del ministro René Fernández, y que estará integrado por 10 secretarías y ministerios.
Y aunque en el reglamento operativo se establece la participación de la sociedad civil, el documento no establece un mecanismo para dicho fin, y solo menciona que ENIT podrá solicitar la cooperación de organizaciones de la sociedad civil, a través de convenios suscritos a simple elección del coordinador general.
Dentro del Plan Nacional de Integridad se recurriría ya a los sistemas establecidos de acceso a información pública, como plataformas y procedimientos, y el fortalecimiento de las mismas. Pero, el cuestionamiento es cómo lograr fortalecimientos con instituciones altamente prebendarias, chicaneras y corruptas.
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