El vicepresidente Hugo Velázquez y el titular del Congreso, Blas Llano, junto con el ministro de Hacienda y otros referentes, lideran el plan de impulsar modificaciones al arcaico sistema actual.
La presión ciudadana más que nunca jugó un papel fundamental y la clase política se vio forzada a buscar consensos para lograr la tan mentada reforma estructural y recortar privilegios.
Sin embargo, tamaña responsabilidad recae en los mismos políticos cuestionados de siempre, por lo que nuevamente afloran la falta de credibilidad y el cuestionamiento de la ciudadanía, que viene exigiendo una reducción de gastos de la maquinaria del Estado y reforzar los recursos hacia el sector social, en especial en la salud pública.
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; el ministro de Hacienda, Benigno López; el presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano; el titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Arnaldo Samaniego, y el titular de Diputados, Pedro Alliana, son las caras visibles de este proyecto que, si bien es urgente, se hace cada vez menos creíble.
El pasado lunes 30, el Gobierno anunció una mesa de diálogo para consensuar una reforma estructural del Estado, además de recortes salariales de funcionarios públicos.
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