Por Robert Marcial González El extraordinario jurista británico William Blackstone (1723–1780), de manera célebre, sentenció hace unos 250 años que “más vale diez culpables libres que un inocente preso”. De esa forma, sentó las bases para la consagración normativa posterior de una serie de garantías que en la actualidad constituyen pilares de la Democracia Constitucional: la […]
El extraordinario jurista británico William Blackstone (1723–1780), de manera célebre, sentenció hace unos 250 años que “más vale diez culpables libres que un inocente preso”. De esa forma, sentó las bases para la consagración normativa posterior de una serie de garantías que en la actualidad constituyen pilares de la Democracia Constitucional: la presunción del estado de inocencia, el derecho a la defensa en juicio, el derecho a ser juzgado por tribunales imparciales e independientes, el derecho a ser oído, el derecho a controlar y producir pruebas, el derecho a revisar las decisiones del...
En ese contexto, la Democracia, entendida como sistema de convivencia entre iguales, obliga a que la ciudadanía recuerde todo el tiempo que las garantías previstas en la Constitución sirven de blindaje, de coraza protectora y, en última instancia, de herramienta para mantener a raya a quienes ejercen el poder público en todas sus formas así como para, si no evitar, al menos reducir el riesgo de que el ciudadano sufra actos de abuso de parte de cualquier autoridad.
Por tanto, conviene que tengamos presente que las garantías están previstas en beneficio del ciudadano y, por ende, como consecuencia natural de ello, se ejercen contra o frente al poder público. Esas garantías son directamente funcionales a los valores que cimientan a la Democracia Constitucional, entre los cuales, la libertad en todas sus formas, la igualdad ante la ley, la solidaridad y la dignidad ocupan un sitial de relevancia. Por ende, siempre que se afecte arbitraria o irregularmente la libertad de un ciudadano, sin que importe el ropaje formal que revista el acto jurídico o...
Los valores que edifican a la Democracia Constitucional se defienden, básicamente, a través de dos vías de control que la ciudadanía puede activar en cada situación concreta. Por un lado, los controles internos y por otro, los controles externos.
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