En su “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″, el Departamento de Estado norteamericano tachó de “endémica” la impunidad de quienes en el Paraguay ocupan importantes cargos públicos, pese a las numerosas denuncias periodísticas de malversación, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal. Con lo publicado en la prensa y denuncias de importantes instituciones que no fueron atendidas, basta y sobra para que Sandra Quiñónez sea investigada de oficio por el Ministerio Público. Sería lo deseable, para empezar a lavar el rostro de la República, enlodado por la corrupción y la impunidad que la caracterizan ante el mundo.
La impunidad de Sandra Quiñónez aumentará la mala imagen del país
En su “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022″, el Departamento de Estado norteamericano tachó de “endémica” la impunidad de quienes en el Paraguay ocupan importantes cargos públicos, pese a las numerosas denuncias periodísticas de malversación, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación criminal. “Al 17 de octubre, los casos de corrupción de alto nivel no resueltos incluían a cuatro exministros de Gobiernos anteriores y a dos del actual, a tres exmiembros del Congreso y a siete legisladores en ejercicio,...
Vale la pena, en el literal sentido de la expresión, volver a recordar algunos jalones de su pésimo desempeño: no avanzó en las varias causas que afectan al expresidente Horacio Cartes ni en la que atañe al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Nunca averiguó quién dispuso el atropello de la sede del PLRA, que llevó a la muerte al joven Rodrigo Quintana; estuvo cerca de provocar la prescripción del caso del metrobús, o sea, de asegurar la impunidad del exministro Ramón Jiménez Gaona; ignoró el informe del Senado, de 2019, sobre quiénes cooperaron con el “hermano del alma” Darío...
Con lo referido basta y sobra para que Sandra Quiñónez sea investigada de oficio por el Ministerio Público, sin necesidad de que el Senado la denuncie por prevaricato, obstrucción a la investigación penal y complicidad, tal como lo ha solicitado la bancada de Frente Guasu. El presidente del Congreso, Óscar Salomón (ANR), y la senadora Desirée Masi ya acercaron al nuevo fiscal general del Estado documentos en torno a irregularidades administrativas que, por cierto, nunca pudieron ser constatadas por la CGR, pues su antecesora creyó oportuno cerrarles las puertas a las pesquisas...
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