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La Corte Interamericana de Derechos Humanos: El caso N° 12.685

La Corte Interamericana de Derechos Humanos: El caso N° 12.685

Por Alejandro Guanes Mersan ABOGADO GHP Abogados A raíz de la amplia difusión por los medios de prensa que ha recibido la audiencia pública llevada reciente­mente a cabo en Costa Rica en el caso presentado por Juan Arrom y Anuncio Marti en contra del estado paraguayo ante la Corte Interamericana

A raíz de la amplia difusión por los medios de prensa que ha recibido la audiencia pública llevada reciente­mente a cabo en Costa Rica en el caso presentado por Juan Arrom y Anuncio Marti en contra del estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cor­teIDH), ésta última ha ganado notoriedad ante la opinión pública en general. En este artículo daremos a conocer información sobre su ori­gen y su funcionamiento a fin de comprender mejor las particularidades de este singular y emblemático caso legal que deberá resolver la referida Corte.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) Antes de referirnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos propiamente dicha, debemos referirnos al denominado “Siste­ma Interamericano de Derechos Humanos” (SIDH) que constituye el marco legal para la promoción y protección de los derechos hu­manos, y provee un recurso a los habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado.

El Sistema Interamericano se inició formal­mente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hom­bre en 1948, en el marco de la Carta de la Orga­nización de los Estados Americanos.

Adicionalmente, el Sistema cuenta con otros instrumentos como la Convención Ameri­cana sobre Derechos Humanos (Convención Americana o Convención); Protocolos y Con­venciones sobre temas especializados, como la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), la Convención sobre la Des­aparición Forzada (CIDFP) y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen­cia contra las Mujeres, entre otros; y los Regla­mentos y Estatutos de sus propios órganos.

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