La Sala Constitucional de la Corte declaró inconstitucional e inaplicable 3 artículos de la Ley 6355, que modifica la ley 5033, que obliga a las empresas proveedoras del Estado a presentar declaraciones juradas como los funcionarios públicos. Hubo voto dividido. Los ministros Antonio Fretes y César Diesel votaron por admitir la acción, mientras que su colega Alberto Martínez Simón, por el rechazo de la inconstitucionalidad.
En total, entre el 2020 hasta la fecha, se plantearon ante la Sala Constitucional unas 300 acciones similares, todas ellas con medida cautelar de suspender los efectos de la mencionada ley. El pedido es contra los artículos 1, inciso a), 13 y 21 de la ley 6355 que modifica los artículos 1, 3, 4, 7 y 21 de la ley 5033, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos. La acción fue promovida por la firma Bioerix SA, sus accionistas Quimfa SA, GT Scientific SA, y de los directores Christian...
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