El juez Humberto Otazú desestimó la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, su hijo y otras dos personas más. Las fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero solicitaron desestimar la causa citando un dictamen de la Contraloría que concluyó que la evolución patrimonial de Fretes y […]
El juez Humberto Otazú desestimó la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, su hijo y otras dos personas más. Las fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero solicitaron desestimar la causa citando un dictamen de la Contraloría que concluyó que la evolución patrimonial de Fretes y los investigados era sustentable y correspondía con sus ingresos legales.
El pedido de desestimación también señaló que no se hallaron elementos que indiquen que Fretes fue objeto de influencia o que influyó en otros ministros para dictar una resolución favorable en el caso relacionado con Kassem Hijazi, extraditado a Estados Unidos. La Contraloría General de la República remitió los dictámenes de correspondencia patrimonial correspondientes a cada uno de los investigados.
Según dichos informes, tanto Antonio Fretes como Adriana Florentín Oliver presentaron una evolución patrimonial sustentable. En un primer momento, el dictamen respecto de Asdrúbal Fretes señalaba una correspondencia no sustentable; sin embargo, tras incorporar documentación complementaria no considerada en la evaluación inicial, el organismo de control emitió un informe posterior concluyendo que su patrimonio también resultaba sustentable.
Con el fin de esclarecer definitivamente la situación patrimonial de Asdrúbal Fretes, el Ministerio Público ordenó una pericia contable. Dos expertos, uno designado por la Fiscalía y otro propuesto por la defensa, coincidieron en que existía correspondencia entre ingresos y egresos, descartando así indicios de un incremento patrimonial ilícito.
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