El Ministerio Público amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña Palacios por presunta asociación criminal, en calidad de autor, dentro de la investigación por el caso Ueno Bank. Según el acta Peña habría encabezado una estructura organizada dentro del Estado para proteger los intereses del Grupo Vázquez y permitir que la entidad financiera continuará […]
El Ministerio Público amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña Palacios por presunta asociación criminal, en calidad de autor, dentro de la investigación por el caso Ueno Bank. Según el acta Peña habría encabezado una estructura organizada dentro del Estado para proteger los intereses del Grupo Vázquez y permitir que la entidad financiera continuará operando y captando depósitos pese a las advertencias sobre su deterioro patrimonial.
La imputación fue formulada por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González. La atribución de asociación criminal también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding; al exsuperintendente de Bancos Holger Insfrán Ibarrola y a los exmiembros del directorio Liana Caballero Krause, Miguel Ángel Mora y Marco González.
La Fiscalía sostiene que los investigados habrían actuado mediante una distribución de funciones, utilizando sus cargos para favorecer al conglomerado empresarial. Dentro de ese supuesto esquema, Peña habría ejercido la dirección política, mientras que las autoridades de la banca matriz habrían frenado mecanismos de regularización, omitido medidas de control y ocultado información relevante sobre la situación de Ueno Bank.
El acta atribuye al expresidente reuniones reservadas y periódicas en Mburuvicha Róga con Federico Miguel Vázquez, destinadas, según la hipótesis fiscal, a coordinar las necesidades del grupo financiero. Los investigadores sostienen que Peña habría impartido directivas públicas e institucionales para que la entidad no fuera intervenida, contrarrestado públicamente las alertas de insolvencia y recibido presuntas contraprestaciones ilícitas. En ese contexto, el documento menciona una supuesta entrega de USD 200.000 en efectivo, en sobres, dentro de la residencia oficial.
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