La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de José Luis Bogado Quevedo (39 años), requerido por la justicia del Brasil, donde el mismo cuenta con una condena de 17 años más 900 días de multa por hechos ligados al tráfico de drogas en territorio del vecino país. Cayó detenido en Paraguay tras ser herido en el ataque ocurrido en el “Ja’umina Fest” de San Bernardino, el 30 de enero último.
Los ministros que conforman la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, confirmaron la extradición de , requerido por la justicia del vecino país, donde el mismo deberá cumplir con una condena de 17 años y 3 meses, más otros 903 días de multa por hechos de narcotráfico.
Tras la decisión de la Sala Penal de la máxima instancia judicial, de declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por el abogado Eduardo Lezcano, defensor de José Bogado, luego de que el Tribunal de Apelaciones haya confirmado, por su Acuerdo y Sentencia N° 44, a su vez la decisión del juez penal de garantías Miguel Palacios, por Sentencia Definitiva N° 44, hay vía libre para continuar y llevar a cabo la extradición del requerido.
La ministra Carolina Llanes fue la preopinante en este caso y señaló “el fallo impugnado, si bien cumplen con el requisito de emanar del Tribunal de Apelación no constituye sentencia definitiva –no resuelve el litigio en forma definitiva-ni constituye una resolución que tenga la virtualidad de poner fin al procedimiento, de extinguir la acción o la pena y tampoco denegar la extinción, conmutación o suspensión de la pena, quedando de esta forma, fuera del catálogo de fallos impugnables por la vía en estudio”.
Agregó posteriormente que “la Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que la figura de la extradición, por su esencia “no condena ni absuelve”, ya que simplemente examina si se hallan cumplidos en el requerimiento las exigencias formales determinadas en el Tratado de Extradición que rige en ambos países, sin analizar lo atinente al modo en que se aplicó el derecho constitucional”.
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