Los líderes campesinos denunciaron un plan de encubrimiento del Estado a las tierras malhabidas, pero muchos de ellos enfrentan variados cargos delictivos contra la propiedad
Los líderes campesinos denunciaron un plan de encubrimiento del Estado a las tierras malhabidas, pero muchos de ellos enfrentan variados cargos delictivos contra la propiedad privada y el Estado de Derecho, esquivando arteramente esta situación.
En plena pandemia, y tratando de sacar el mejor provecho de la debilidad institucional de la República debido a la desastrosa gestión de gobierno, los robos de recursos públicos impunes, las improvisaciones y el futuro impredecible del país, organizaciones sociales que defienden a capa y espada la violación de la propiedad privada bajo cualquier medio con el argumento de que se trata de tierras del Estado se reunieron con el objetivo de formar una “fuerza soberana” para impulsar “luchas populares” con reivindicaciones sociales pero fuerte tufo ideológico socialista.
El hecho no causa extrañeza en sectores políticos criollos, que destacan el involucramiento directo de senadores de la nación con la causa de los “sintierras”, a sabiendas de que están violentando la Constitución Nacional, que consagra el derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica.
Los líderes campesinos denunciaron al Poder Judicial por no intervenir para combatir la corrupción en el gobierno y oficiar de cómplice al encubrir la recuperación de millones de hectáreas calificadas de malhabidas, por haber sido entregadas generosa, graciosa y alegremente durante la dictadura a amigos del poder.
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