La Ley N° 6789/21 no se limita a cancelar la licencia, el itinerario y el subsidio a las empresas del transporte público infractoras de la norma, ya que su art. 5° califica de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” que sus directivos, accionistas o representantes legales o gremiales “realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado, ya sea por cualquier medio”, pudiendo todo ciudadano denunciarlo ante el Ministerio Público. Pues bien, las autoridades se mostraron abiertas a dialogar con quienes no ocultan su propensión al chantaje, es decir, a entrar en negociaciones con un grupo dispuesto a delinquir si sus exigencias no son satisfechas.
Infringiendo la ley, transportistas obligan a autoridades a “negociar”
El calvario de los usuarios del transporte público continúa sin parar. Las filas de pasajeros en las paradas y los ómnibus atestados, con gente viajando peligrosamente en las estriberas, ya se han vuelto normal, con lo que podría decirse que se han “oficializado” las perniciosas reguladas, sin que ninguna autoridad se anime a ponerle fin a esta tropelía.
La Ley N° 6789/21 no se limita a cancelar la licencia, el itinerario y el subsidio a las empresas del transporte público infractoras de la norma, ya que su art. 5° califica de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” que sus directivos, accionistas o representantes legales o gremiales “realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado, ya sea por cualquier medio”, pudiendo todo ciudadano denunciarlo ante el Ministerio Público. Dicha norma concuerda con el art. 218 del Código Penal, que castiga con hasta cinco años de prisión incluso la tentativa de...
Resulta plausible, pues, que la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) haya denunciado penalmente a sus directivos por la amenaza lanzada en perjuicio directo de los usuarios, reiteradas veces utilizados vilmente como rehenes para presionar al Viceministerio de Transporte, hoy a cargo de Emiliano Fernández. Más aún, este órgano se mostró dispuesto a dialogar con quienes no ocultan su propensión al chantaje, es decir, a entrar en negociaciones con un grupo dispuesto a delinquir si sus exigencias no son satisfechas, en tanto que el inoperante Ministerio Público se abstuvo de...
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