Pese a la clara prohibición constitucional y legal, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados blanquearon a varios fiscales que solicitaron permiso para ocupar altos cargos en el gobierno de Horacio Cartes. La Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público solo los habilita a ejercer la docencia, según un dictamen de la Dirección Jurídica del órgano juzgador que fue ignorado por sus propios miembros.
El abogado Alfredo Enrique Kronawetter Zarza, director jurídico del órgano juzgador, fue contundente en el dictamen que elevó a los miembros del Jurado, que ignoraron la violación constitucional y legal del fiscales y resolvieron archivar el caso.
Kronawetter Zarza refiere en su escrito que el artículo 270 de la Constitución reza: “De los agentes fiscales. Los agentes fiscales son designados en la misma forma que establece esta Constitución para los jueces. Duran en sus funciones y son removidos con iguales procedimientos. Además, tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que las determinadas para los integrantes del Poder Judicial”. Luego hace referencia al artículo 254 de la CN, que dispone: “De las incompatibilidades. Los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones otro cargo público o privado,...
Para el director jurídico, no existe dispositivo constitucional que habilite el ejercicio de otra función para el cual fuera designado un agente fiscal. Resaltó que la propia Ley Nº 1562/00 “Orgánica del Ministerio Público” se encarga de rememorar el texto fundamental, cuando leemos el artículo 91, que textualmente reza: “Incompatibilidades de los fiscales y prohibiciones generales. Serán incompatibles con los cargos de funcionarios fiscales: 1) …; 2) Cualquier otro empleo o cargo público o privado remunerado, salvo la docencia a tiempo parcial, siempre que ella no perturbe el ejercicio de...
“Debe advertirse de dicha norma que se refuerza el sentido ya plasmado en el texto constitucional: el ejercicio ineludible del cargo de un agente fiscal, con la inclusión de mayores restricciones para su implementación en cuanto a la excepción –el ejercicio de la docencia– sujetándola a controles más fuertes que las expuestas en la Constitución, lo que denota que el verdadero sentido de asegurar la prestación del servicio a través del ejercicio efectivo del cargo de un agente fiscal”, enfatiza el dictamen.
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