La funcionaria Liz Gómez Medina, espera que a partir de su caso de amparo constitucional, rechazado en dos instancias, los contratados impulsen un diálogo con el Consejo de Superintendencia a fin de acceder a un seguro médico privado, similar al del personal nombrado. En contacto con El Observador, Gómez, quien presta servicios al Poder Judicial […]
La funcionaria Liz Gómez Medina, espera que a partir de su caso de amparo constitucional, rechazado en dos instancias, los contratados impulsen un diálogo con el Consejo de Superintendencia a fin de acceder a un seguro médico privado, similar al del personal nombrado.
En contacto con El Observador, Gómez, quien presta servicios al Poder Judicial en carácter de contratada, afirmó que efectivamente recibe atención en los centros de salud dependientes del Ministerio.
Sin embargo, por tratarse de centros con alta demanda por su carácter público, el sistema se ve colapsado, lo que dificulta acceder en tiempo a las ecografías y los medicamentos proveídos eran limitados
“Siendo funcionaria contratada del Poder Judicial, un poder del Estado, estamos sin cobertura médica por una cuestión contractual y bajo ninguna circunstancia puede ser algo natural un embarazo en donde hay amenaza de parto prematuro”, cuestionó.
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