La Ley Nº 4758/12 que creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) ya cumplió 10 años y, como todo instrumento de política pública, debió haber sido evaluada de manera integral. Si bien no existen evaluaciones oficiales, varias investigaciones académicas y reportes oficiales…
Los estudios realizados por algunos investigadores en Paraguay dan cuenta de un problema que se encuentra en el corazón de la normativa: El criterio de distribución de los recursos destinados a educación entre los municipios y departamentos. Este no se basa en las necesidades de los mismos o en objetivos de reducción de desigualdades educativas territoriales, sino en afectación de las represas al territorio.
El 25% de los recursos del Fonacide deben dirigirse a departamentos y municipios y esta proporción a su vez se distribuye según Ley N° 3984/10 que establece la distribución de los royalties y compensaciones en razón del territorio inundado.
Al menos el 50% de los ingresos percibidos por gobiernos departamentales y municipales deben destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación, consistentes en construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos y el 30% al financiamiento de proyectos de almuerzo escolar en Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo de instituciones oficiales, ubicadas en contextos vulnerables. El Ministerio de Educación y Ciencias es la entidad encargada de establecer normas y estándares.
A primera vista se observa que esta forma de distribución no responde a objetivos educativos ni a garantizar los derechos de la niñez, sino que además reproduce y profundiza desigualdades regionales, que en lugar de ser eliminadas por las políticas públicas son reproducidas y hasta profundizadas.
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