El equipo armado por el Presidente Peña deberá dividir su tiempo entre los asuntos nacionales más urgentes y la misión de sacar el mejor acuerdo energético con Brasil. No se puede enfrentar un partido en las grandes ligas con un equipo armado a las apuradas. En realidad, se puede pero no se debe, al menos […]
El equipo armado por el Presidente Peña deberá dividir su tiempo entre los asuntos nacionales más urgentes y la misión de sacar el mejor acuerdo energético con Brasil.
No se puede enfrentar un partido en las grandes ligas con un equipo armado a las apuradas. En realidad, se puede pero no se debe, al menos si se tiene en alta consideración el compromiso. Es lo que sugiere la decisión del Presidente de la República de incorporar a ministros de su gabinete al equipo que deberá renegociar las condiciones para colocar en el mercado el excedente energético soberano que nos toca en Itaipú.
Ya truena la polémica que habla de la inconstitucionalidad de la decisión presidencial, pese a que la norma vigente es muy clara. El Presidente de la República y el Vicepresidente -dice la Constitución- no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Esas mismas incompatibilidades rigen para los ministros del gabinete, con la sola excepción del ejercicio de la docencia.
Para cumplir esta etapa de negociación, Peña designó a la jefa del Gabinete Civil, Lea Giménez, a los ministros de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, de Industria y Comercio, Javier Giménez además del asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.
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