En la mañana de hoy varias comisiones asesoras de la Cámara de Diputados se reunieron para seguir recibiendo informes y pareceres de las instituciones, cuyos representantes fueron invitados, los análisis se están haciendo sobre el proyecto de ley “Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”. Cree que el impuesto al salario sería la salida más recomendable en términos jurídicos, «recordemos que esos rubros no forman parte del Presupuesto General de Gastos y es parte de un acuerdo que podría tocarse en base a voluntades bilaterales», sostuvo.
En la mañana de hoy varias comisiones asesoras de la Cámara de Diputados se reunieron para seguir recibiendo informes y pareceres de las instituciones, cuyos representantes fueron invitados, los análisis se están haciendo sobre el proyecto de ley “Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.
El diputado Celso Kennedy (PLRA) afirmó que en la reunión de hoy estuvieron escuchando a los representantes del Poder Judicial, del Ministerio de Turismo y conforme a sus expresiones el proyecto Godoy «debería aprobarse pero con modificaciones«.
Uno de los puntos que debería ser objeto de cambio es el salario del propio presidente de la República, «uno de los puntos que proyectista se olvidó fue fijar la remuneración del presidente en 17 salarios mínimos».
«Otro aspecto que creo hay que mirar con mucha atención y seriedad es la cuestión que tiene que ver con la publicidad estatal en los medios de comunicación», dijo Kennedy argumentando que hay informaciones que necesariamente deben darse a conocer y puso como ejemplo las campañas de concienciación para el voto responsable y la participación ciudadana en los procesos electorales que suele llevar adelante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
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