Estos últimos días han sido especialmente agitados por las noticias de corrupción, que no son nuevas. Cuando aún se digería semejante descaro policial, detonó la operación Dakovo, una acción coordinada con Brasil y EEUU para desmantelar una poderosa red de armatráfico, cuya sede central es Paraguay El caso, cuya investigación data de dos años, tiene todas las aristas posibles y cubre un amplio arco que involucra a empresarios, militares, funcionarios desleales y un poco de farándula. Y con él, una red de militares que estaban al servicio de un negocio cuyo cliente principal es el crimen organizado del Brasil (venta libre y legal de armas al PCC y Comando Vermelho). Cuando surge un escándalo de corrupción o la vinculación de determinados personajes políticos o altos funcionarios del Estado, civiles, policiales o militares con el crimen organizado, la primera reacción del grupo político que está en el poder es señalar con el dedo al gobierno anterior, que casualmente es de su mismo partido político. O si tomáramos desde la caída de Stroessner en 1989, la administración de los 34 años de vida democrática, 29 años está en manos de la ANR. Ese señalamiento político de que el culpable es el gobierno anterior puede servir para sacarse momentáneamente la culpa e instalar el relato en las redes sociales, pero se sabe que los casos de corrupción vinculados al crimen organizado son el resultado de décadas de complicidad estatal. Tal vez un gobierno esté más involucrado que el otro, que sea más débil que el otro, que sea más permisivo que el otro, pero este nivel de putrefacción es la consecuencia de años de corrupción y debilidad institucional. El problema es el sistema, esa imbricada red de políticos, funcionarios y delincuentes que utilizan el aparato del Estado para perfeccionar los jugosos negocios del crimen organizado, que hacen imposible resistirse al color del dinero. El juicio por corrupción al ex gobernador de Villa Hayes, parte del clan Núñez, es un desafío para la Fiscalía, fuertemente presionada por el cartismo, y los jueces que sentenciarán.
Estos últimos días han sido especialmente agitados por las noticias de corrupción, que no son nuevas. Tampoco por las consuetudinarias vinculaciones de funcionarios del Estado, aunque esta vez superó todas las expectativas por la participación de militares de alto rango en la red de armatráfico que se desmanteló bajo órdenes de EEUU y Brasil. Quizá fue la secuencia muy cercana entre un hecho y otro, síntoma de la descomposición institucional que está llegando a su punto más alto y explota porque la presión no da más.
La saga empezó con los funcionarios de la Dinac (aeropuerto) y su esquema para enviar drogas a Europa. Los videos muestran cómo estos delincuentes que debían evitar el delito, daban cobertura a una “mula” (denominación dada a traficantes vulnerables) para evitar los controles. Para su desgracia, la joven mujer se desorientó en la terminal aérea y preguntó inocentemente a un policía de la Senad, quien detectó su nerviosismo y controló su maleta.
Luego estalló el escándalo de la Interpol. Después de la frívola entrevista al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, quien se jactó del levantamiento de la orden de captura de su esposa, Giannina García, se reveló que la policía paraguaya eliminó la alerta roja contra la misma con lo cual podía moverse tranquilamente. Policías arrestados, coimas al descubierto. El comisario Juan Pereira, la cabeza de Interpol, rodó. Ni siquiera su hermano, el viceministro de Seguridad, pudo salvarlo.
Cuando aún se digería semejante descaro policial, detonó la operación Dakovo, una acción coordinada con Brasil y EEUU para desmantelar una poderosa red de armatráfico, cuya sede central es Paraguay
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
