Hace unos días se supo que las senadoras Zenaida Delgado y Noelia Cabrera, renunciante del partido Cruzada Nacional la una y expulsada del PLRA la otra, devenidas cartistas, utilizaron vehículos del Estado con objetivos particulares. El uso y la tenencia de automotores del sector público están reglamentados por la Ley Nº 704/95, de modo que un legislador, un ministro o un funcionario, entre otros, no pueden hacer con ellos lo que se les ocurra, como si fueran sus dueños. El órgano de aplicación de esta ley es la Contraloría General de la República (CGR), que en 2007 emitió una resolución que dispone el “control permanente” de los vehículos del sector público en todo el país. Pero como en casi todo en nuestro país, la leyes son papel mojado, es decir, no tienen vigencia efectiva. Es necesario defender el bien común, atacando la muy difundida y arraigada creencia de que el Estado es un botín al que se accede mediante unas elecciones o el patrocinio de un influyente personaje de la politiquería.
El uso indebido de bienes del Estado les cuesta caro a los contribuyentes
Por pura casualidad, hace unos días se supo que las senadoras Zenaida Delgado y Noelia Cabrera, renunciante del partido Cruzada Nacional la una y expulsada del PLRA la otra, devenidas cartistas, utilizaron vehículos del Estado con objetivos particulares. En efecto, en la noche de un viernes, la senadora Delgado –presidenta de la Comisión de Equidad y Género– viajó a Tacuatí (San Pedro) en un minibús de la Cámara Alta, conducido por su pareja Gustavo Vera Santander, ¡oh casualidad, oriundo de ese municipio!, y bien custodiada por un policía pagado por los contribuyentes. El vehículo se quemó...
El uso y la tenencia de automotores del sector público están reglamentados por la Ley N° 704/95, de modo que un legislador, un ministro o un funcionario, entre otros, no pueden hacer con ellos lo que se les ocurra, como si fueran sus dueños: el art. 6° prohíbe usarlos y tenerlos con fines particulares o ajenos a su función específica, en tanto que el 20 castiga a los autores, cómplices y encubridores de violar la ley, por primera vez con una multa de veinte a treinta jornales mínimos, con el doble en caso de reiteración y con “la pérdida de empleo e inhabilitación para la función pública...
El órgano de aplicación de esta ley es la Contraloría General de la República (CGR), que en 2007 emitió una resolución que dispone el “control permanente” de los vehículos del sector público en todo el país. Pero como en casi todo en nuestro país, la leyes son papel mojado, es decir, no tienen vigencia efectiva. Según los últimos datos oficiales publicados, en 2019, la incumplieron el 11% de los vehículos en la capital y en el departamento Central y el 22% en otros departamentos, siendo presumible que los respectivos porcentajes hayan aumentado en gran medida en los últimos cinco años.
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