El Senado continúa pareciéndose a un prostíbulo - Edicion Impresa - ABC Color

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Pocas veces se ha revelado con tanta nitidez que un Poder estatal se halla al servicio de un interés particular como en la última bochornosa sesión del Senado. En contra de la salud pública, de la decencia y de la imagen internacional del país, veintidós de sus miembros –“cartistas”, “abdistas”, “llanistas” y del Partido Hagamos– resolvieron primero rechazar un proyecto de ley sobre la trazabilidad o “transparencia en la cadena de suministro del tabaco”, y luego postergar hasta marzo próximo el tratamiento de otro que dispone un aumento del impuesto al cigarrillo. Es obvio que el expresidente Horacio Cartes, dueño de Tabacalera del Este SA (Tabesa), estará muy satisfecho con ambas decisiones. Hay muchísimo dinero en juego en este negocio que, de hecho, estaría resultando tan sucio como el narcotráfico. Lo resuelto por los senadores bien puede ser interpretado por la opinión pública internacional como el reflejo de una política pública que apunta a fomentar no solo el contrabando puro y duro, sino también el lavado de dinero. No se quiere transparentar la cadena de suministro del tabaco y de sus productos, ni aumentar el impuesto al cigarrillo, que es notoriamente menor que en otros países.

Pocas veces se ha revelado con tanta nitidez que un Poder estatal se halla al servicio de un interés particular como en la última bochornosa sesión del Senado. En contra de la salud pública, de la decencia y de la imagen internacional del país, veintidós de sus miembros –“cartistas”, “abdistas”, “llanistas” y del Partido Hagamos– resolvieron primero rechazar un proyecto de ley sobre la trazabilidad o “transparencia en la cadena de suministro del tabaco”, y luego postergar hasta marzo del próximo año el tratamiento de otro que dispone un aumento del impuesto al cigarrillo. Es obvio que el...

Con respecto a la primera resolución, el servicial legislador alegó que ya existe una ley referida a la trazabalidad, de modo que la iniciativa presentada por diez de sus colegas, de diversos partidos, sería del todo innecesaria. En efecto, el 5 de julio de este año fue promulgada la Ley N° 6107, “de transparencia de la cadena de suministro de tabaco y sus productos”, la que debía entrar en vigencia “a los ciento ochenta días de haberse publicado su reglamentación, conforme los plazos establecidos en ella para el efecto”. El decreto respectivo brilla por su ausencia por razones desconocidas...

Si fue rechazada la propuesta de derogarla y de sancionar en su reemplazo una ley que incluya medidas para asegurar la cadena de suministro de tabaco y combatir su comercialización ilícita es porque, de hecho, una mayoría de senadores y sus patrocinadores desean que el 90% de los 60.000 millones de cigarrillos producidos en el país siga siendo mercadería para el contrabando, especialmente al Brasil: el 67% de las incautaciones de la Receita Federal de Foz de Yguazú consta de cigarrillos provenientes del Paraguay. Pero la producción nacional –concretamente, la de Tabesa– llega mucho más...

¿No debería importarnos a los paraguayos y al Gobierno a quiénes vende el exgobernante sus cigarrillos ni para qué los usan sus compradores? Es razonable suponer que los brasileños estén ligados al Primer Comando da Capital o al Comando Vermelho, de modo que, al fin y al cabo, el contrabando no sería solo un delito de “guante blanco”. El expresidente suele alegar que Tabesa comercializa legalmente el producto y que no puede controlar qué se hace con la mercadería vendida. Quiere decir que no le importan ni la imagen del país, ni la de su empresa.

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