El escándalo que involucró al contralor Enrique García, de no haber apelado en tiempo un laudo arbitral que condenó al Municipio asunceno a pagar 3,6 millones de dólares a la empresa Ivesur SA, estalló en noviembre de 2016, pero la imputación fue formulada recién el 2 de marzo de este año. El Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital declaró ahora que García goza de inmunidad y que para proseguir el trámite hace falta que el mismo sea depuesto por juicio político. El 14 de marzo pasado, la Cámara de Diputados lo acusó por mal desempeño de funciones y pidió al Senado que se le inicie el juicio político por el delito antes referido y tráfico de influencias. Las demoras en el Ministerio Público primero y en el Congreso después no son atribuibles a la desidia, sino al manifiesto interés político en que García siga ocupando el alto puesto que no merece, por aquello de no tocar a quienes pueden retribuir favores cuando las papas queman. Es intolerable que el contralor haya incurrido en los hechos punibles que se le atribuyen y que, sin embargo, siga encargándose del control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, entre otras cosas.
El Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Primera Sala, declaró que el contralor general de la República, Enrique García, goza de inmunidad de proceso y que, en consecuencia, debe ser depuesto mediante un juicio político antes de que pueda ser sometido a la Justicia por el delito de producción de documentos no auténticos, que el Ministerio Público le imputa haber cometido junto a dos funcionarios comunales de Asunción. De acuerdo al expediente judicial, el exdirector jurídico de la Municipalidad no apeló en tiempo oportuno, en sede judicial, un laudo arbitral que condenó a dicho...
El escándalo estalló en noviembre de 2016, pero la imputación fue formulada recién el 2 de marzo de este año, luego de que el caso fuera largamente “cajoneado” por la fiscala Nadine Portillo. El último 14 de marzo, la Cámara de Diputados acusó a García ante la de Senadores para que se le inicie un juicio político por mal desempeño de sus funciones (asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría y concesión indebida de privilegios) y por la comisión del delito antes referido, así como el de tráfico de influencias en el ejercicio de su actual cargo. La resolución fue...
Las demoras en el Ministerio Público primero y en el Congreso después no son atribuibles a la desidia, sino al manifiesto interés político en que García siga ocupando un alto puesto que no merece. Los famosos audios filtrados revelaron, entre otras cosas, que el exsenador Adolfo Ferreiro estuvo tan interesado en el vergonzoso caso de su amigo el contralor que habló de él con el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento Raúl Fernández Lippmann. Dejando atrás la dilación provocada tanto en el Ministerio Público como en la Cámara de Diputados, y considerando lo resuelto por los camaristas del...
Dado que la acusación por mal desempeño de sus funciones, formulada en diciembre de 2014 contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay, duerme desde entonces el sueño de los justos en la Cámara Alta, es de temer que se repita la irritante historia y por el mismo repudiable motivo: no tocar a quienes pueden retribuir favores cuando las papas queman. A este paso, hasta es probable que García concluya su mandato constitucional en 2021, sin que el Senado decida si es culpable o inocente de los hechos que se le atribuyen. A los senadores...
Leer la nota completa en Diario ABC
