Santiago Peña tiene en su poder la ley sancionada por el Congreso. Se aguarda el parecer de Economía, mientras se advierte sobre el impacto de la desigualdad con trabajadores comunes.
El controversial proyecto que establece una reforma del sistema jubilatorio parlamentario, con más privilegios, se encuentra en manos de Santiago Peña para su promulgación, veto o veto parcial. Fue sancionado por Diputados el pasado 1 de octubre, por lo que el plazo para la decisión del Ejecutivo está cerca de su vencimiento.
Se trata de una reprogramación presupuestaria de G. 3.500 millones, que irá a parar a la Caja parlamentaria. Además, este monto ya se reaseguró en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. El presidente solicitó al Ministerio de Economía un dictamen, como órgano técnico, sobre la normativa para sustentar su decisión.
El proyecto fue impulsado por el cartismo y tuvo rechazo de parte de la oposición, además de las diferentes organizaciones de trabajadores que consideran que los legisladores ya tienen privilegios desproporcionados.
Se advierte que esta ley profundiza más las desigualdades sociales en el país, como señaló la Mesa Sindical Paraguay, que exigió el veto.
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