Paraguay está bajo la lupa del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) cuyos técnicos deben llegar en mayo próximo para evaluar globalmente todas las acciones realizadas por el país en materia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Se trata de la Ley Nº 6446/19 que establece que el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas será la autoridad de aplicación.
Los sujetos obligados son las personas jurídicas reguladas por el Código Civil Paraguayo. Específicamente afecta a las iglesias y las confesiones religiosas; las universidades; las asociaciones que tengan por objeto el bien común; las asociaciones inscriptas con capacidad restringida; las fundaciones; las cooperativas. Igualmente están sujetas las sociedades anónimas; las sociedades simples; las sociedades colectivas; las sociedades de responsabilidad limitada; las sociedades constituidas en el extranjero; las empresas por acciones simplificadas.
También las estructuras jurídicas establecidas como los negocios fiduciarios; fideicomisos y encargos fiduciarios; fondos patrimoniales de inversión; fondos mutuos y fondos de inversión.
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