La presión del Congreso precipitó la renuncia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ante la amenaza de un juicio político con los votos prácticamente asegurados. La alianza entre oficialismo, disidencia colorada y oposición volvió a imponer su fuerza, tras la destitución de Santiago Peña, y coloca bajo presión el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado en medio de la crisis de Ueno Bank.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, terminó cediendo ante la presión política ejercida desde el Congreso y presentó su renuncia al cargo el 17 de noviembre, luego de que las principales bancadas de la Cámara de Diputados anunciaran su respaldo al juicio político promovido en su contra. La decisión se produjo en medio de la crisis institucional desatada por el colapso de Ueno Bank, que en menos de dos semanas provocó la caída de un presidente de la República y la salida anticipada del titular del Ministerio Público.
La dimisión de Rolón se concretó después de que 34 diputados presentaran formalmente un libelo acusatorio por supuesto mal desempeño de funciones y presunta comisión de hechos punibles en el ejercicio del cargo. La iniciativa, impulsada inicialmente por sectores de la oposición, terminó recibiendo el respaldo de las bancadas coloradas oficialistas y disidentes, que anunciaron su decisión de acompañar el procedimiento constitucional.
El escenario quedó prácticamente definido cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, comunicó que las bancadas A y B del Partido Colorado resolvieron apoyar por unanimidad el juicio político. Esta decisión, sumada al acompañamiento de Colorado Añetete y de los sectores opositores, configuró una mayoría suficiente para impulsar la acusación parlamentaria contra el fiscal general.
La salida de Rolón representa otro episodio de la reconfiguración del poder político a raíz de la crisis financiera, con un Congreso que adquirió protagonismo decisivo en la continuidad de las principales autoridades del Estado. La coincidencia entre sectores anteriormente enfrentados volvió a resultar determinante para precipitar una renuncia, mientras permanecen abiertos los cuestionamientos sobre la conducción de las investigaciones penales y la independencia institucional.
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