En el marco de la disputa abierta entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, se acaba de saber que en mayo de 2018, la Seprelad informó a la Unidad Especial de Delitos y Anticorrupción que el contralor general Enrique García no podía justificar el origen de 2.949.111.816 guaraníes, parte de una suma que depositó en dos bancos de plaza entre 2012 y 2017. Sus movimientos financieros habrían superado en gran medida su perfil transaccional de 25 millones de guaraníes. La fiscala Victoria Acuña abrió una investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sobre la que existen informes que esperan el análisis del Laboratorio Forense desde hace casi un año. Sobre el titular de la Contraloría General también pesa una imputación por producción de documentos no auténticos y uso de documentos de contenido falso, de su época de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. El 5 de julio de 2018, la Cámara Baja lo acusó por estos delitos y por mal desempeño de funciones, para que fuera sometido a juicio político, pero por alguna poderosa razón, la acusación duerme el sueño de los justos en el Senado. El contralor García debe ser destituido y puesto en manos de la Justicia.
En el marco de la disputa abierta entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, se acaba de saber que en mayo de 2018, el entonces ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, informó a la Unidad Especial de Delitos Económicos y Anticorrupción que el contralor general Enrique García no podía justificar el origen de 2.949.111.816 guaraníes, parte de la suma que depositó en dos bancos de plaza entre 2012 y 2017. Sus movimientos financieros habrían superado en gran medida su perfil transaccional de 25 millones de...
Es intolerable que sobre el contralor general pese la sospecha de haberse llenado los bolsillos con dinero sucio en el ejercicio del cargo. Urge pedir al juez que desestime el informe de la Seprelad o que sea imputado quien tiene justamente el deber de combatir la corrupción en la función pública. Tras haber sido procurador general de la República desde septiembre de 2008 hasta junio de 2012, volvió a la abogacía hasta que en diciembre de 2015 se convirtió en asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. Ocupa su actual cargo desde noviembre de 2016. Es decir, el periodo durante el cual...
García se sigue negando a entregar al periodista de este diario Juan Carlos Lezcano una copia de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes han ocupado altos cargos entre 1998 y 2017, entre ellas las de quienes han estado dirigiendo la propia Contraloría. Tras lo revelado en el aludido informe de la Seprelad puede entenderse por qué García se empeña en violar la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, al no cumplir lo dispuesto en un fallo judicial, confirmado en segunda instancia. Podrían descubrirse sus propias trapisondas.
El caso está paralizado en la Corte Suprema de Justicia desde el 4 de julio de 2018, día en que el chicanero promovió una acción de inconstitucionalidad. Ahora es presumible que su renuencia responda no solo al deseo de amparar a ciertos capitostes, sino también al de ocultarse a sí mismo del escrutinio de sus conciudadanos. A ellos, incluida la agente fiscal Acuña, les interesaría conocer el contenido de las declaraciones juradas de bienes y rentas que debió presentar al asumir la Procuraduría General de la República y al abandonarla, al convertirse en asesor jurídico de la Municipalidad...
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