Locus regit actum:
En algún momento de 2005, en los despachos de los cancilleres de Paraguay y Brasil se firmó un documento de pocas páginas que alteró la economía de la mayor central hidroeléctrica regional, llamada Itaipú (IB). No fue un tratado internacional. No pasó por el Congreso. No tuvo ratificación alguna y se llamó Nota Reversal (NR del 31.03.2005).
Los cancilleres pueden firmar notas reversales, esa es su función diplomática. Pero no pueden hacerlas entrar en vigencia per se, ya que alteran la letra y espíritu de un tratado internacional, sin la debida aprobación del Congreso.
La Constitución Nacional es clara: el artículo 146 establece que “los tratados internacionales no podrán ser... modificados... sin la aprobación del Congreso”. La firma de los cancilleres fue solo el primer paso de un procedimiento a priori incompleto.
Así es que la NR citada quedó en un limbo jurídico, avalado por la política y jurisprudencia nacional, que presuponen, como cuentan con mayoría, pueden derogar hasta la Ley de la Gravedad y/o esperar in totum su prescripción. Fue una mera promesa diplomática, pero no una ley. No debió tener efecto alguno, pero tuvo, inclusive hasta la fecha. Esto, porque los “binacionales”, con su (in)acción cómplice, la hicieron entrar en vigencia de hecho, pero no de derecho.
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