El Gobierno aplicó un veto total al proyecto de ley que aumenta el salario de los actuarios judiciales argumentando, entre otros motivos, que tendrá un costo de G. 9.652 millones (US$ 1,3 millones) y que no hay recursos para financiarlo. Advierte que su implementación podría perjudicar la estabilidad macroeconómica del país.
En plena etapa electoral la aprobaron el proyecto de ley N° 6964/2022 “Que designa a los secretarios de los juzgados de paz de la República del Paraguay en carácter de actuarios especializados de los juzgados de paz con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal, Niñez y Adolescencia, y establece el régimen salarial de los mismos.
La referida ley contempla que los actuarios especializados de los Juzgados de Paz, con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal y de la Niñez y Adolescencia, percibirán salarios y emolumentos no inferiores a los percibidos en esos conceptos por los Actuarios Judiciales de Primera y Segunda Instancia de nuestro país.
El proyecto establece que los aumentos se ejecutarán de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia y que, a los efectos del cumplimiento de la presente ley, las instituciones encargadas solicitarán a los órganos pertinentes las previsiones presupuestarias que correspondan.
El Ejecutivo, a través del Decreto N° 7625, del 12 de agosto, objeta totalmente el referido proyecto de ley sancionado por el Congreso el 27 de julio último y devuelve al Poder Legislativo para una decisión final al respecto.
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