“Es muy fácil mantener el statu quo y transigir con los poderes fácticos antes que enfrentar reformas profundas, aunque estas últimas son esenciales para el progreso del país”, dijo Santiago Peña en su informe anual ante el Congreso en referencia a su antecesor, Mario Abdo Benítez, del mismo partido gobernante, a quien le dedicó duras críticas en varios pasajes de su discurso. Lo que es muy fácil, evidentemente, es hablar de balde, porque, en casi un año de mandato, Peña no solamente no ha concretado, sino que ni siquiera ha avanzado en ninguna reforma profunda esencial para el país.
La nueva ley de la función pública y de la carrera del servicio civil, pieza clave de la tan mentada, mil veces prometida y nunca cumplida reforma del Estado, duerme el sueño de los justos, mientras este Gobierno, en la práctica, ha hecho en estos once meses todo lo contrario a lo que la misma postula. El proyecto establece que “la única vía de ingreso” a la función pública será el concurso de oposición, “salvo casos de desastres o calamidad declarada previamente por ley”. Por suerte, por ahora a Peña no le ha tocado ningún desastre o calamidad, pero en su corta administración ha habido un...
Solamente en el último trimestre de 2023, coincidente con el primero de este Gobierno, el número de funcionarios públicos asalariados creció en 8.237 personas, lo que representa un 2.000% en relación con el resto del año y el doble en relación con el sector privado en el mismo período, pese a que en el ámbito privado se desempeña el 81% de los asalariados de la fuerza laboral.
Asimismo, el proyecto establece reglas estrictas para los “cargos de confianza” o “puestos de conducción política”, cuyos titulares en algunos casos podrán contratar directamente hasta tres asesores, pero estos no podrán ser parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; deberán contar con un mínimo de 5 años de experiencia profesional efectiva y quedarán desvinculados inmediata y automáticamente una vez que termine la función “política” de su contratante. En cambio, para indignación de la ciudadanía, lo que se ha visto en esta etapa ha sido una notoria...
En cuanto a la composición del gasto público, otra gran columna de las reformas estructurales, la primera medida que tomó este Gobierno, fue hacer aprobar una ley especial para elevar el déficit fiscal y realizar una ampliación presupuestaria con un fuerte paquete de nuevo endeudamiento, presuntamente porque había deudas vencidas con contratistas y proveedores no incluidas en la contabilidad oficial. Aun en el caso de que fuera así, lo cierto es que se usó como excusa para “patear” a 2026 la convergencia al tope del déficit al 1,5% del PIB sin ninguna justificación.
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