La Ley 6286/2019, que crea el Viceministerio de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina, es inconstitucional y no podrá cumplir con el rol que le fue asignado, sino solamente servirá para crear cargos para “los amigos”, opinaron en forma conjunta los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Indert (ex IBR), Luis Olmedo y Carlos Caballero.
“La decisión que tomaron algunos legisladores al crear una ley que transforma el Ministerio de Agricultura y Ganadería, creando un viceministerio que absorbe roles de otras autarquías, tendrá consecuencias negativas agrandando el Estado y el gasto público”, expresó por su parte Olmedo.
Enfatizó que la nueva ley que transformó parcialmente el MAG se contrapone a la necesidad de reducción del gasto público que solicita el sector privado. “No se puede seguir creando instituciones y viceministerios sin que exista el más mínimo interés de transparentar la gestión pública; además, las designaciones de personas para dirigirlas generalmente no consideran la mayor idoneidad para los cargos”, señaló.
La creación del viceministerio de agricultura familiar podría ser una causa más de corrupción en el MAG, tal como ocurriera en diversas administraciones pasadas, que causaron denuncias e imputaciones de ministros y directores varios.
“El MAG es una de las carteras con mayor presupuesto, solo para el ejercicio 2019 registró un monto de G. 95.000 millones para asistencia en el campo, y se utilizó G. 35.000 millones, quedando un saldo de G. 60.000 millones a ser ejecutados”, advierte el referido sindicato. También sus dirigentes destacaron que la ley de creación del viceministerio de agricultura familiar campesina es una copia mal hecha de una ley argentina, que no considera las peculiaridades de nuestro país ni la estructura burocrática del Estado paraguayo.
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