Cuatro años atrás, luego del asalto al capitolio y la denuncia de fraude en las elecciones, el traspaso de poder en los Estados Unidos fue por lo menos convulso. En contrapartida, había alivio al respecto de la transición hacia una mejor gestión de las regulaciones ambientales. Hoy la situación es inversa.
La normalidad institucional en el paso de mando del país del norte se mantiene, pero en materia ambiental y ante las nuevas medidas anunciadas que serán tomadas desde la administración entrante de la Casa Blanca generan incertidumbre. En consecuencia, cabe revisar también hoy «» como hace cuatro años.
La primera administración Trump perpetro un desmantelamiento de políticas públicas y un proceso de reversión y derogación de leyes en materia climática de protección de aire, agua y vida silvestre, como también en la permisión de uso de químicos.
Al momento de la salida del presidente Trump se categorizó el sistema de desregulación en cinco grupos: (i) La salida de los acuerdo de Paris en 2017, (ii) Cancelación de los proyectos ambientales de la NASA, (iii) Combustibles fósiles y la libertad de uso del franking y extracción de aceite de esquisto, reemplazando el Plan de Energías Limpias y la prospección en áreas protegidas, (iv) Disminución en la protección de especies amenazadas, y; (v) Diplomacia ecología en retroceso o de relaciones internacionales en asuntos ambientales.
Luego de revisar nuevamente el Rastreador de Desregulación Climática de la Universidad de Columbia, además de las publicaciones de la facultad de Derecho de Harvard, se puede encontrar que en el periodo presidencial de Trump fueron 112 las normas que fueron disminuidas sino revocadas.
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