Hace un año y nueve meses está en la Corte la excepción de inconstitucionalidad que planteó la defensa del senador colorado Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod en el proceso por declaración falsa. Los ministros tienen que definir si es o no punible el hecho de falsear lo declarado ante la Contraloría. No hay precedente.
El 18 de mayo de 2020, el abogado Ricardo Preda presentó una excepción de inconstitucionalidad en el expediente caratulado “Sandra María McLeod y Ernesto Javier Zacarías Irún s/ Declaración Falsa”. El letrado atacó el artículo 243 del Código Penal (Declaración Falsa) y sostuvo que el mismo atenta contra el artículo 18 de la Constitución Nacional.
La excepción planteada hace un año y casi nueve meses, hasta ahora no fue resuelta, pese a la importancia de lo que pueda decir la Corte, ya que la misma va a definir si la declaración jurada falsa ante la Contraloría es o no hecho punible, así como sostiene el Ministerio Público y muchos jueces que condenan por este delito. Otros magistrados, sin embargo, comparten la postura de Preda y de otros abogados que ejercen la defensa de políticos y personas con poder económico.
La Sala Constitucional había quedado integrada por César Diesel, Antonio Fretes y Gladys Bareiro. Luego, la misma se desintegró con el fallamiento de la ministra y la inhibición de Fretes, quien fue sustituido por su colega Alberto Martínez Simón.
El expediente se encuentra, desde noviembre del año pasado, en poder del ministro César Garay, quien tiene que definir si acepta o no integrar la Sala.
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