Corte debe pronunciarse sobre declaración jurada – OviedoPress

A criterio del abogado Ezequiel Santagada, director del Insti­tuto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), es funda­mental que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se expida antes de fin de año sobre el amparo presentado ante esa instancia por el ex contralor general de la República Enri­que García sobre la publica­ción de la declaración jurada de todas la autoridades desde 1998 hasta el 2017. Por eso, una sentencia a favor de la transparencia por parte de la Corte precipitaría los tiem­pos y generaría, por el peso moral de una decisión como esta, la rápida derogación de esa Ley 6.355/19”, expresó a radio Cardinal el mencionado profesional, según informa el medio digital lanacion.com.py Cabe señalar que el actual contralor, Camilo Benítez, apenas asumió el cargo, pre­sentó un urgimiento ante la máxima instancia judicial para que se pronuncie sobre la acción promovida por su antecesor, con lo cual cerró toda posibilidad de su inter­vención en el caso.

A criterio del abogado Ezequiel Santagada, director del Insti­tuto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), es funda­mental que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se expida antes de fin de año sobre el amparo presentado ante esa instancia por el ex contralor general de la República Enri­que García sobre la publica­ción de la declaración jurada de todas la autoridades desde 1998 hasta el 2017.

“Es de esperar que la Corte se expida sobre el caso antes de fin de año, es clave que sea antes de fin de año… Eso se tiene que derogar ahora. Por eso, una sentencia a favor de la transparencia por parte de la Corte precipitaría los tiem­pos y generaría, por el peso moral de una decisión como esta, la rápida derogación de esa Ley 6.355/19”, expresó a radio Cardinal el mencionado profesional, según informa el medio digital lanacion.com.py

Cabe señalar que el actual contralor, Camilo Benítez, apenas asumió el cargo, pre­sentó un urgimiento ante la máxima instancia judicial para que se pronuncie sobre la acción promovida por su antecesor, con lo cual cerró toda posibilidad de su inter­vención en el caso.

La Ley de Acceso a la Infor­mación (5.282), que entró en vigencia en setiembre del 2015, afecta al presidente de la República, vicepresidente, ministros, secretarios con rango de ministros, legisla­dores, ministros de Corte, gobernadores, intendentes, integrantes de juntas y direc­tores de Itaipú y Yacyretá, entre otros.