La Contraloría General de la República (CGR) levantó las medidas restrictivas que había impuesto a la Municipalidad de Salto del Guairá. La decisión fue adoptada tras la presentación de un simple “plan de mejoramiento” y habilita a la institución a seguir recibiendo recursos del Ministerio de Hacienda.
SALTO DEL GUAIRÁ (Rosendo Duarte, corresponsal). La Contraloría General de la República (CGR) realizó a fines del año pasado varias observaciones a la municipalidad, administrada por el intendente César Haitter (PDP), sobre la violación del artículo cuarto de la 5404/15 “De compensación a los municipios del Departamento de Canindeyú por la desaparición de los Saltos del Guairá”. La legislación establece que los fondos solo pueden ser utilizados en obras públicas, turismo, salud y educación.
Sin embargo, la municipalidad utilizó más de G. 2.632 millones de los recursos de dicha Ley de Resarcimiento, en la construcción o refacción de 18 iglesias de distintas clases, en los años 2016 y 2017, según el informe de Dirección General de Control de Contrataciones Públicas de la CGR.
El mal uso de los fondos hizo que el ente de control solicitara al Ministerio de Hacienda suspender las transferencias de recursos no solo en concepto de resarcimiento por los desaparecidos saltos, sino que de royalties, del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de juegos de azar, unos G. 60.000 millones anuales.
Curiosamente, la CGR cambió de postura tras recibir los mismos documentos que la institución municipal había entregado para tratar de evitar la sanción en primera instancia y la presentación de un simple “Plan de Mejoramiento”.
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