La elección de los 10 fiscales adjuntos por parte de la Corte Suprema no hizo más que confirmar que la política y el poder de turno mantienen la supremacía ante el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. El cambio del reglamento del concurso para pasar por alto la antiguedad y los pases de facturas, son indicadores claros de ello. Esto se vislumbró desde el mismo momento de la conformación de ternas hasta la plenaria del máximo tribunal, con un bloque de ministros que votó en el sentido que quería el oficialismo y la ausencia de un miembro, en una sesión de relevancia.
El llamado a por cargos que forman parte de la alta línea jerárquica del Ministerio Público, lo que se traduce en ser el número 2 del fiscal general del Estado, movió a los agentes inferiores a competir por el ascenso que, en la práctica, implica mayor poder y un aumento de salario de 19 millones de guaraníes a casi 26 millones con los gastos de representación.
Fue así que los fiscales se lanzaron masivamente a concursar ante el Consejo de la Magistratura para integrar las ternas de candidatos.
La presentación de los fiscales se vio facilitada por una llamativa resolución del Consejo de bajar los años de antiguedad para participar por el alto cargo. En principio se requería que el fiscal que quería ascender debía tener un período cumplido (5 años). Pero este condicionamiento bajó a tres años.
Con esto resultaron beneficiados para concursar, por ejemplo, los fiscales anticorrupción Alma Zayas y Diego Arzamendia, la fiscala en lo civil Nora Mendoza y el antidrogas Deny Yoon Pak
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