Ante la Comisión Especial de Investigación de Hechos de Corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la
Ante la Comisión Especial de Investigación de Hechos de Corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) del Senado, presidida por el legislador Líder Amarilla, representantes legales de la Asociación Espíritu Santo (Secta Moon) denunciaron una presunta maniobra para despojar a la organización de entre 310.000 y 312.000 hectáreas en el Chaco paraguayo.
Durante la audiencia, el abogado Francisco De Vargas sostuvo que el intento de apropiación se articuló mediante una sentencia judicial que vulneró de forma directa la Ley de Seguridad Fronteriza. El letrado recordó ante los senadores que el propio tribunal que juzgó en su momento a la exmagistrada interviniente reconoció dicha transgresión legal en su fallo resolutivo.
De Vargas apuntó directamente contra los nexos políticos detrás del litigio, afirmando que Kiantar Betancourt —ciudadano americano-colombiano y representante legal de las cuatro firmas demandantes, a las que calificó como empresas de maletín— mantiene vínculos societarios con Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña. Según indicó el abogado citando publicaciones periodísticas, ambos habrían realizado viajes a Estados Unidos y Dubái para gestionar la comercialización de bonos de carbono generados a partir de las 312.000 hectáreas de bosques chaqueños en disputa.
En ese contexto, el representante jurídico cuestionó severamente la inacción demostrada hasta la fecha por instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, mencionando específicamente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa Nacional.
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