La multifacética empresa Engineering SA, de Juan Andrés Campos Cervera –más conocida como la “superproveedora” por acaparar contratos para la provisión de bienes y servicios al Estado en lo que va del actual Gobierno de Mario Abdo Benítez–, acaba de ser sancionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con la simple suspensión para contratar con el Estado por el término de 12 meses. Pero, cortada una cabeza, a la hidra de referencia le restan otras. Por ejemplo, por ahora, la conocida empresa Barrail Hermanos SA, cuya mayoría accionaria adquirió a través de la firma 3CCC SA creada en marzo de este año por María del Mar Cabello Manevy, esposa de Juan Andrés Campos Cervera y por el hermano de esta, Sebastián Fernando Cabello Manevy, es la nueva fachada con la que al parecer la cuestionada empresa proveedora de bienes y servicios al Estado se apresta a seguir haciendo de las suyas mientras tenga la bendición del Gobierno.
Como la hidra, la superproveedora Engineering emerge con otra cabeza
Nuestro diario ha llevado a conocimiento público profuso detalle de la operación comercial por medio de la cual el citado Campos Cervera ubicó como accionistas de la firma de referencia a su esposa, a su cuñado y a uno de sus gerentes, al parecer con la obvia intención de remediar la suspensión de su empresa Engineering SA, con la que hasta ahora ha venido lucrando con la gallina de los huevos de oro de la “Patria contratista”.
Lo que llama la atención es la benignidad con que ha sido sancionada esta empresa por el perjuicio ocasionado al fisco. Pese a que mediante pericia técnica se constató que en la construcción de la citada pasarela hubo estafa por sobrefacturación, la leve sanción de la DNCP omitió exigirle la reposición al fisco del monto indebidamente recargado al costo final de la obra. La más reciente confirmación de esta trágica realidad política prevaleciente en nuestro país y que es vergüenza ante los ojos del mundo es el hecho de que, a pesar de sus numerosos chanchullos en perjuicio de las arcas...
La DNCP le ha aplicado a la firma “superproveedora” del Estado la ínfima sanción de prohibirle contratar con el Estado por apenas 12 meses, cuando debió haber sido por al menos 12 años, o una prohibición definitiva, como sucede en países con Estado de derecho. Aún más, cabe recordar que en enero de 2018 Engeneering ya fue sancionada, esa vez por Itaipú Binacional y con una suspensión de 60 meses, por una “acción de mala fe”, por haber presentado “documentos falsificados o adulterados”, según consta en los registros de la entidad.
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