Asunción, IP.- Representante de los tres poderes del Estado, que integran la comisión nacional sobre reforma del sistema penal y penitenciario, consensuaron hoy tres medidas puntuales para evitar el «colapso del sistema judicial» que podría ocasionar la entrada en vigencia de la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, referido a las medidas cautelares. Respecto a las tres iniciativas consensuadas, el representante del Ejecutivo en la Comisión Nacional, Enrique Kronawetter, explicó que tienen que ver con la reforma de los artículos 129, 141 y 250 del Código Procesal Penal, referidos a los plazos para la institución de medidas cautelares, el plazo de la resolución ficta y el plazo para las revisiones. Respecto al artículo 129, donde se establece que los plazos para las medidas cautelares, la redacción actual establece que el periodo es computado de manera continua o corrida, y la modificación planteada elimina esa modalidad y establece que sean plazos hábiles, es decir días y horas hábiles.
Integrantes de la Comisión Nacional durante la conferencia de prensa, luego de la reunión. Foto: Gentileza/Poder Judicial.
Asunción, IP.- Representante de los tres poderes del Estado, que integran la comisión nacional sobre reforma del sistema penal y penitenciario, consensuaron hoy tres medidas puntuales para evitar el «colapso del sistema judicial» que podría ocasionar la entrada en vigencia de la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, referido a las medidas cautelares.
«Hay un interés de todos los estamentos gubernamentales en que rija la Constitución pero que al mismo tiempo la sociedad esté protegida», explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, al anunciar las medidas consensuadas, las que serán presentadas como propuestas legislativas al Congreso esta misma semana.
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, señaló que estas modificaciones consensuadas tienen que darse antes de la entrada en vigencia de las modificaciones al artículo 245 del Código Procesal Penal, cuya promulgación está actualmente en manos del Poder Ejecutivo.
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