Según indica el diario Última Hora, siete funcionarios administrativos presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 6313/19 que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, la modificación de la programación de los montos de los ingresos, gastos, la transferencia de créditos y el traslado del personal de la Cámara de Diputados al Ministerio de Salud Pública dentro del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019.
La Corte suspendió los efectos de la ley que establecía el traslado al Ministerio de Salud de funcionarios de la conocida como clínica vip de la Cámara de Diputados.
Como medida cautelar, mientras se resuelve una acción de inconstitucionalidad, siete trabajadores administrativos aguardan los trámites de Salud y Hacienda para volver a la Cámara.
Por su parte, los miembros de la Sala Constitucional de la Corte, Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Miryam Peña el pasado 20 de diciembre de 2019 resolvieron hacer lugar a la medida cautelar, suspendiendo los efectos de la ley hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo de la inconstitucionalidad.
Esto significa que los siete funcionarios deberán retornar a Diputados (donde estaban originalmente), por el momento, y en caso de que se rechace la acción, tendrán que volver al Ministerio de Salud.
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