AREGUÁ. La Fiscalía allanó semanas atrás la Municipalidad de Guarambaré en busca de documentos relacionados a la construcción de la ciclovía hecha por la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), sin embargo, solo existe un escueto proyecto del año 2019 presentado a la Gobernación de Central. La obra costó casi G. 800 millones, solventados con el fondo de emergencia por covid-19, transferencia que ahora es investigada por el Ministerio Público
El fiscal Rodrigo Estigarribia de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), que investiga sigilosamente la aparición de facturas clonadas, entre otros hechos punibles, en la rendición de la Gobernación de Central, sobre el uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio a finales de 2020), allanó semanas atrás la Municipalidad de Guarambaré en busca de documentos que avalen la obra realizada por la ONG CIAP y solo encontró el proyecto.
En referencia, el gobernador de Central Hugo Javier González, cartista, recibió del Ejecutivo en diciembre del año pasado G. 6.382 millones para generar fuente de trabajo y ayudar a hospitales durante la pandemia. Sin embargo, no dudó en repartir el dinero a CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, que recibió G. 5.105 millones y al Consejo Regional de Salud, presidida por Hugo Cabrera, que percibió G. 1.276 millones.
El proyecto denominado “Construcción de ciclovía en el acceso a la ciudad de Guarambaré”, que fue presentado por la Comuna a la Gobernación en 2019, forma parte de las 14 obras realizadas por CIAP por G. 5.105 millones, donde su presidente Tadeo Álvarez, de profesión árbitro de fútbol, “certificó” todas las construcciones. Esta tarea es propia de un arquitecto o ingeniero civil y hasta de un fiscalizador habilitado para el efecto.
Según fuentes, no hubo contestación por parte de la institución departamental y tampoco fue estudiado por la Junta Municipal. Es decir, no tuvo permiso municipal para ser construido. Durante el allanamiento no fueron encontrados los documentos que respalden la obra.
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