El Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) es presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo, de profesión árbitro de fútbol, quien apareció como firmante de los certificados de obras pagadas con el fondo de emergencia por covid-19 de US$ 1.000.000 que el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central. La certificación de obras debía ser hecha por un arquitecto o ingeniero civil. Inexplicablemente, el juez deportivo estuvo al mismo tiempo en Itauguá y San Lorenzo verificando dos construcciones.
La Gobernación de Central, cuyo administrador es el gobernador Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado), recibió del Poder Ejecutivo en diciembre US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio a finales de 2020) para la reactivación económica del departamento Central durante la pandemia.
Inmediatamente, el gobernador repartió el dinero a la CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, que recibió G. 5.105 millones para hacer obras de infraestructura y mantenimiento de espacios públicos; y al Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, que recibió G. 1.276 millones para abastecer a hospitales.
Las irregularidades detectadas por la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo respecto al gasto del millón de dólares son numerosas.
Aún está pendiente la conclusión de la auditoría que la Contraloría General de la República inició hace casi cinco meses.
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