Desde la Codehupy explicaron que, con la denuncia ante la ONU por la presunta tortura de un joven detenido equivocadamente y presuntamente torturado por policías en la masacre de Curuguaty, esperan que la víctima reciba una compensación integral por los daños.
Durante la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, Miguel Ángel Correa era un joven de 21 años con sueños, trabajaba como técnico de campo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y llevaba adelante sus estudios universitarios.
No obstante, esa fatídica jornada del 15 de junio le arrebató prácticamente todo, cuando fue arbitrariamente detenido por agentes de la Policía Nacional y presuntamente torturado, según lo denunció él mismo ante la Fiscalía al día siguiente.
De acuerdo con los antecedentes, tras enterarse del violento desalojo de Curuguaty, Correa se había trasladado al Hospital Distrital de la zona solo para averiguar sobre uno de los heridos, pero terminó aprehendido, pese a que no tenía relación con la ocupación de Marina Cué.
Si bien luego fue liberado y sobreseído del caso, el afectado quedó con antecedentes policiales, perdió su trabajo en el MAG y ya no pudo retomar sus estudios universitarios, por lo que, a 11 años de lo ocurrido y ya con 32 años, sigue con secuelas sicológicas de las torturas.
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