Objetos obsoletos que terminan siendo basuras peligrosas, como pilas, tubo de fluorescentes y otros restos de aparatos eléctricos y electrónicos, no logran tener una adecuada disposición final y representan un problema de seguridad ambiental a nivel país. La reventa y el regalo a terceros alcanza a más de la mitad de los casos, según un estudio sobre la situación de los deshechos, de aparatos electrónicos obsoletos en el país, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) del 2017. Esto incluso sin contar con los celulares y computadoras, según el estudio de la Universidad Católica, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 50 por ciento de las instituciones públicas disponen de residuos electrónicos, según estudio realizado por la Universidad Católica de Asunción. 80.762 toneladas de basura electrónica es la proyección para el 2025, sin tener en cuenta celulares ni computadoras, según estudio de la Universidad Católica de Asunción.
Objetos obsoletos que terminan siendo basuras peligrosas, como pilas, tubo de fluorescentes y otros restos de aparatos eléctricos y electrónicos, no logran tener una adecuada disposición final y representan un problema de seguridad ambiental a nivel país. Cuando no sirven ni para la venta como chatarra y tampoco acepta el servicio de recolección municipal, estos desechos terminan en el fondo de la casa como potencial criadero de mosquito. O en el peor de los casos, en arroyos y ríos.
Mientras, en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) duerme en un cajón un proyecto de normativa que obliga a los productores o importadores a gestionar este tipo de basura.
“Nosotros trabajamos en un programa, en un proyecto de un decreto o de ley, que en todo el mundo se utiliza. Responsabilidad extendida al productor se denomina. Todos aquellos productos que sean peligrosos, los responsables de su recolección deben ser los importadores, los productores o los industriales”, señaló el director de Calidad Ambiental del Mades, Gustavo Rodríguez. El funcionario indicó que tienen culminado el proyecto, desde el Gobierno anterior. Sin embargo, reconoció que por cuestiones políticas y económicas la normativa no logra ser tratada y sancionada. “Hay este tipo de...
Encajonado. Proyecto que obliga a firmas a hacerse cargo no se promulga.
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