El ministro de Justicia, Ángel Barchini, hoy ante diversos medios reconoció como en otras oportunidades la fragilidad del control y la seguridad de los centros penitenciarios del país, especialmente Tacumbú, como consecuencia de años de desidia, imprevisión y corrupción, pero ratificó que se tomará el control total más temprano que tarde. Dijo que se está actuando con prudencia para minimizar el daño colateral que pudiera ocasionar una intervención. “Esto es un problema de seguridad nacional, que va más allá del ámbito del Ministerio de Justicia”, manifestó.
Puntualizó que el Gobierno tiene un plan, una estrategia, que está en marcha, para recuperar la soberanía y la presencia del Estado en los centros penitenciarios, en base al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL), programas de rehabilitación y reinserción social, y el cumplimiento de las leyes.
Para acelerar el proceso de control total se requiere de la terminación y funcionalidad de las 3 cárceles en construcción, dos en Emboscada y una en Minga Guasu, pero todas, por imprevisión e irresponsabilidad, adolecen de accesos, provisión de agua, equipamientos, personal, tecnología, incluso una deuda impaga a constructoras, entre otros. El presidente de la República, Santiago Peña, ya dispuso el trabajo coordinado de diferentes instituciones para acelerar la terminación de las mismas: Itaipú, MOPC, ESSAP, Ministerio de Justicia, ANDE.
El ministro Barchini rechazó categóricamente que la readmisión de PPLs en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú sea consecuencia de exigencias de clanes criminales. “Este ministro no negocia, no acuerda, no dialoga con ningún tipo de bandas”, subrayó. Dijo que obedece a un cronograma de trabajo estipulado y hecho público el 28 de agosto pasado, que está publicado en la página web y redes sociales del Ministerio de Justicia, además a una resolución judicial que solicita el cierre del penal de Emboscada Antigua, debido a que cuadruplicó su capacidad (es para 400 y tiene 1600 PPL).
La mencionada resolución establece el sistema de cierre y apertura de establecimientos penitenciarios conforme a la necesidad penitenciaria del momento.
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