Una auditoría interna de la INC confirmó las denuncias sobre la deficiente ejecución de inversiones que prometieron llevar a cabo con los US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos. Se halló que hubo direccionamientos y equipamientos que nunca funcionaron.
Una auditoría interna desarrollada en la Industria Nacional del Cemento (INC) este año, a la que accedió nuestro diario el fin de semana, confirma la existencia de numerosas anomalías y hasta posibles hechos punibles en la ejecución de los US$ 80 millones, entregados a la administración de Jorge Méndez (agosto de 2013- mayo de 2018) durante el gobierno de Horacio Cartes.
Este documento se suma a la auditoría que la semana pasada difundió, por su parte, la Contraloría General, y que también halló indicios de corrupción en la estatal (aunque la verificación del ente contralor no incluyó específicamente cómo se usó el millonario monto).
En el caso de la auditoría interna, iniciada por Javier Rodríguez Ferrer (gestión noviembre 2018-setiembre 2019), muestra las falencias en cada uno de los contratos entre la INC y las ya anteriormente cuestionadas empresas FLSmidth Inc, Engineering SA, CIE SA y Distripen, de Haydée Bordón, que se encargaron de las obras y provisiones que eran para la optimización de la producción de clinker y también de cemento.
En la licitación para “Provisión y puesta en marcha de nuevos equipos y accesorios para la optimización del Horno III de la Planta Industrial de Vallemí”, adjudicada a la empresa FLSmidth por US$ 24.390.500, y que tuvo una ampliación de US$ 3.780.300 por medio de una adenda con varios cuestionamientos. Por ejemplo, la observación principal es que nunca se alcanzó la garantía de producción de 2.200 toneladas de clinker por día en el Horno III, mencionada en el contrato.
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