Con el rechazo “in límine” de una acción de inconstitucionalidad promovida contra fallos que imponen censura a la prensa, la Corte Suprema de Justicia hizo prevalecer el interés personal ante el interés general, además de hacer tabla rasa de garantías constitucionales que avalan la libertad de expresión y de prensa, el derecho a informarse y de la libertad del ejercicio del periodismo, entre otros.
Todo empezó en abril pasado, cuando se viralizó un video en el que el ingeniero Gustavo Duarte, propietario y presidente del Consejo de Administración de la Universidad Internacional Tres Fronteras realiza una propuesta sexual a una docente de la institución.
Según los datos, la víctima, directora de la Facultad de Nutrición, solicitó un préstamo para poder realizar un curso de capacitación en el exterior, situación aprovechada por Duarte para acosarla, circunstancia que fue captada mediante un video realizado con cámara oculta. El video contiene únicamente imágenes de la reunión realizada en una oficina, durante la cual la docente reclama a Duarte la “propuesta” y no contiene imágenes íntimas que pudieran dar lugar a una discusión respecto a una eventual violación del derecho a la intimidad.
Molesta por la cobertura del caso, el 19 de abril pasado Nancy Romero de Duarte (esposa del ingeniero Gustavo Duarte y rectora de institución) y la Universidad Internacional Tres Fronteras presentaron un amparo contra varios medios de comunicación y contra el abogado querellante Elías Fox, para exigir el cese de la difusión del caso.
Pese a las garantías constitucionales que amparan la libertad de expresión y de prensa, el ejercicio del periodismo y el derecho a informarse, el amparo encontró eco favorable en el juzgado del juez Víctor Marecos, quien dictó una sentencia que prohibió la difusión del caso, tras argumentar que los hechos divulgados son “carentes de interés público como la divulgación realizada en los medios de comunicación...”.
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