Anatalicio Risden, el director brasileño de Itaipú, en un foro internacional dijo que el Brasil no estaba obligado a revisar el Tratado de Itaipú porque el texto del tratado establece que las partes “podrán” revisar el tratado y no están obligados a hacerlo. A partir de este comentario, y lo que pueda revelar sobre las intenciones de la política exterior de Jair Bolsonaro, este diario publicó en su editorial del domingo pasado que el Paraguay debe encontrar un Plan B al Anexo C y que parte del Plan podría consistir en contratar el Paraguay toda su parte de la energía para reventa al Brasil.
El problema es que el Artículo XIII del Tratado establece que el Paraguay solo puede contratar para su “propio consumo”, de lo contrario debe ceder al Brasil, y esta obligación de derecho internacional debe cumplirse de buena fe y atendiendo la finalidad del Tratado, y no eludirla mediante artilugios contrarios al espíritu y la letra del Tratado y el derecho internacional.
Con respecto a las afirmaciones de Risden, estas simplemente no se ajustan al texto del Tratado, que establece en términos imperativos –obligatorios– que el Tratado debe revisarse a los 50 años.
A partir de la Paz de Westfalia de 1648, y con más fuerza desde la Carta de NN.UU. 1945, la nación Estado –y no el imperio– es la unidad política fundamental en el ámbito de las relaciones internacionales. Cada Nación Estado formula sus preferencias, las que se forman domésticamente, a partir de los intereses individuales, colectivos, sectoriales, opinión pública, encontrando en el Estado la herramienta más eficiente para proyectar y promover esos intereses en el orden internacional. La fuerza compite con la Justicia por prevalecer en un mundo globalizado, el “hard power” contra el “soft...
En el ámbito internacional, siempre se debate si prevalece en realidad la fuerza de los intereses o la justicia. La Constitución de la República del Paraguay, en sus artículos 143, 145 y otros, consagran principios de las relaciones internacionales que datan de la Paz de Westfalia de 1648, acogidas en la carta de Naciones Unidas de 1945, y que determinan que la unidad política fundamental en el orden supranacional es la nación Estado y no el imperio.
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