Una nueva alerta se ha generado por la aparición de un supuesto esquema Ponzi que funcionaría en el Departamento de Itapúa a través de la firma Prelife Paraguay. La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió un comunicado en el que advierte que la firma encarnacena Prelife Paraguay SRL no está registrada ni habilitada para realizar oferta pública de valores en el país y que se expone a pena privativa de libertad de hasta tres años o multa por haber violado esta normativa. REGULACIÓN En su lanzamiento en el año 2019, Juan Carlos Argüello, presidente de la firma Prelife Paraguay, comentó -como se puede observar en video de Youtube-, que “Dios me mostró un producto financiero que puede llegar a mucha gente». Al respecto la CNV, en fecha 1 de junio, derivó el caso ante el Ministerio Público y emitió la Circular CNV/DIR N° 023/2020 de “Advertencia para el Público en General”, en vista de que la firma Prelife Paraguay SRL ha realizado ofrecimientos públicos de valores a través de distintos medios de comunicación sin estar registrada ante la CNV ni habilitada para el efecto.
Una nueva alerta se ha generado por la aparición de un supuesto esquema Ponzi que funcionaría en el Departamento de Itapúa a través de la firma Prelife Paraguay.
En la foto: Juan Carlos Argüello, presidente de Prelife Paraguay.
A raíz de ofrecimientos publicitarios realizados por la firma Prelife Paraguay SRL (a través de varios medios de comunicación) donde promociona en el país y ofrece al público en general, la posibilidad de invertir en planes de inversión, bajo los cuales se otorgan derechos de crédito, de propiedad de inmuebles y/o participación en las inversiones realizadas por la sociedad; surgieron denuncias a través de redes sociales, por tratarse de un presunto caso de esquema Ponzi, al no conocerse con precisión sobre en qué realmente invierte la empresa el dinero del aporte de los socios.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió un comunicado en el que advierte que la firma encarnacena Prelife Paraguay SRL no está registrada ni habilitada para realizar oferta pública de valores en el país y que se expone a pena privativa de libertad de hasta tres años o multa por haber violado esta normativa.
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