Por Rocio Vallejo
El Paraguay está en plena evaluación por parte del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), un organismo que debe decidir si nuestro país es confiable o no, en términos de cómo se manejan aquí grandes flujos de dinero. En ese contexto, hace un año se presentaron 12 proyectos de ley, de los cuales dos se han unificado y uno se retiró, volviéndose a presentar hace una semana una nueva versión de la ley para su estudio. Actualmente se tienen 9 leyes promulgadas sobre varios temas, desde la creación de juzgados especializados, transparencia en las sociedades por acciones,...
A partir de estas modificaciones, lo importante será la evaluación de la efectividad de las leyes, con lo cual el compromiso de todas las instituciones que tendrán a su cargo aplicarlas, es muy alto y fundamental para nuestro país.
El problema del lavado de dinero en Paraguay está vinculado a varios factores, entre ellos, el alto nivel de informalidad que de acuerdo a estudios presentados por el exdiputado de Patria Querida Sebastián Acha, alcanza un monto anual mayor al Presupuesto General de la Nación, además de factores siempre presentes como la corrupción, la impunidad y la falta de concienciación sobre las consecuencias de competir con negocios financiados con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Y el peor de los males, el que más hiere a la República: que aquellos que deban gobernar, que tienen el poder, lleguen a lugares de decisión financiados con dinero sucio.
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